Actualidad · 4 jun 2026, 7:55 p. m.
Nueva York demanda a Trump tras la cancelación de un contrato millonario y busca resguardar 1700 empleos
Claves de la demanda de Nueva York contra Trump por un contrato eólico cancelado. Los detalles del plan judicial para salvar 1700 empleos.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, anunciaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump por la cancelación de un proyecto de energía eólica marina frente a las costas neoyorquinas. A la presentación judicial se sumaron también otros estados.
Por qué Nueva York decidió demandar al gobierno federal
El reclamo busca revertir un acuerdo firmado en marzo de 2026 entre el Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) y la empresa francesa TotalEnergies que frenó el desarrollo del proyecto Attentive Energy. Según la demanda, el gobierno federal acordó reembolsar a la compañía US$795 millones a cambio de que abandonara sus planes de energía eólica marina en Estados Unidos e invirtiera recursos en desarrollos de petróleo y gas.
Las autoridades estatales sostienen que la decisión pone en riesgo inversiones clave, el desarrollo energético de la región y más de 1700 puestos de trabajo previstos para Nueva York. Además del Estado Imperial, participan de la demanda:
- Connecticut
- Maine
- Massachusetts
- Nueva Jersey
- Rhode Island
- Vermont
Los estados sostienen en el documento que la administración Trump utilizó recursos públicos para impulsar un acuerdo que benefició inversiones en petróleo y gas tras la cancelación de proyectos eólicos.
“Este esquema de pagar para no competir, presionando a una empresa extranjera para que renuncie a los proyectos de energía eólica marina planificados en EE.UU. a favor de la perforación de gas y petróleo, es un abuso escandaloso de los dólares de los contribuyentes”, afirmó Hochul.
Para la gobernadora, la decisión, además de poner en riesgo el proyecto, también atenta contra la estrategia energética con la que Nueva York busca cubrir la gran demanda de electricidad. Por su parte, James sostuvo que la medida amenaza empleos sindicalizados y desalienta nuevas inversiones en energía renovable.
“Estamos luchando para detener este acuerdo ilegal que amenaza con borrar más de 1000 empleos sindicales y privar a millones de neoyorquinos de energía limpia y accesible”, señaló la fiscal general.
Los empleos y fondos que se pierden en Nueva York, según la demanda
La disputa gira en torno a un área de arrendamiento adquirida en 2022 por Attentive Energy, subsidiaria de TotalEnergies, ubicada a unas 47 millas (75,6 kilómetros) de la costa de Nueva York.
Si avanzaba según lo previsto, Attentive Energy iba a suministrar electricidad a más de 700.000 hogares y convertirse en una de las principales apuestas de energía eólica marina del estado.
Según estimaciones citadas por la fiscalía estatal, la iniciativa habría generado:
- US$25.600 millones en beneficios económicos para Nueva York durante sus 25 años de operación.
- US$10.000 millones de ahorro en las facturas eléctricas de los usuarios.
- 1716 nuevos empleos directos en el estado.
- Energía suficiente para abastecer a más de 700.000 hogares.
Por qué los estados consideran ilegal el acuerdo
La demanda fue presentada por una coalición de siete estados encabezada por Nueva York. Los estados argumentan que el Departamento del Interior no siguió los pasos que exige la ley para cancelar concesiones de energía eólica marina.
Según el escrito judicial, la agencia federal no realizó las audiencias requeridas ni presentó pruebas que justificaran riesgos para la seguridad nacional, la propiedad, el medioambiente o la seguridad pública.
Los demandantes también cuestionan el uso del Fondo de Sentencias, un mecanismo destinado a resolver litigios existentes o inminentes. A su entender, los US$795 millones comprometidos en el acuerdo con TotalEnergies no constituyen una compensación legal válida, sino una herramienta para impulsar una política contraria al desarrollo de la energía eólica.
Los estados pidieron a la Justicia federal que deje sin efecto la cancelación de los arrendamientos, invalide el acuerdo firmado con la compañía energética y bloquee cualquier desembolso destinado a implementar esa decisión.