Anularon un beneficio judicial y deberá volver a la cárcel el ruso que había instalado una escuela de yoga en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un fallo unánime, la Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar la prisión domiciliaria concedida a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso sindicado como el líder de una organización transnacional dedicada a la trata de personas.

La resolución, firmada por los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, hizo lugar al recurso de impugnación presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que cuestionó la decisión previa –del Tribunal de Revisión de General Roca– que permitía al imputado cumplir la preventiva en un domicilio particular.

La decisión del máximo tribunal penal se fundamentó en una serie de argumentos críticos presentados por la fiscalía, encabezada por el fiscal Fernando Arrigo y los auxiliares Gustavo Revora y Tomás Labal. El tribunal consideró que el beneficio otorgado anteriormente no realizó un análisis integral de la gravedad de los hechos y la complejidad de la causa.

La fiscalía subrayó que Rudnev no posee un arraigo sólido en Argentina y se encuentra en una situación migratoria irregular. En el mismo sentido, la Cámara Federal de Casación Penal entendió que el Tribunal de Revisión no valoró adecuadamente que Rudnev tiene antecedentes de desplazamientos internacionales.

Entre los elementos de convicción más contundentes, se recordó que al momento de su detención en el aeropuerto de Bariloche en marzo de 2025, el imputado poseía dos pasajes aéreos simultáneos para abandonar el país y, ante la presencia policial, intentó autolesionarse con una hoja de afeitar. Además, cuenta con antecedentes penales en Rusia, donde cumplió una condena de 11 años por delitos sexuales y narcotráfico.

Los camaristas destacaron la hipótesis fiscal de que Rudnev actúa como jefe de una estructura con capacidad para interferir en la investigación. Se mencionaron denuncias de intimidación a testigos e influencia sobre la víctima –una mujer captada en su país de origen– y su entorno. Asimismo, se le atribuye la eliminación de registros telefónicos relevantes y el manejo de importantes recursos económicos que facilitarían una evasión.

Uno de los puntos más cuestionados fue el lugar elegido para la domiciliaria en San Vicente, Buenos Aires. La fiscalía advirtió que se trata de un predio rural de dos hectáreas, alejado de la ciudad y de difícil acceso, lo que generaba serias dudas sobre la eficacia de la tobillera electrónica debido a las limitaciones de conectividad. Además, el informe socioambiental estaba desactualizado (tenía cinco meses de antigüedad) y el contrato de alquiler del inmueble había sido firmado por otra imputada en la causa, Tamara Saburova.

Si bien se había fijado una caución de 30 millones de pesos, el MPF argumentó que dicha suma es insuficiente considerando el poder adquisitivo de la organización. Durante los allanamientos se secuestraron sumas superiores y se detectó que la estructura manejaba alquileres de vehículos de alta gama y propiedades de montos muy elevados.

A pesar de la revocación, el traslado de Rudnev a un establecimiento penitenciario no será inmediato. La defensa informó que el imputado fue operado recientemente de una hernia inguinal de urgencia. Por eso, Casación dispuso que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral para certificar si el Servicio Penitenciario Federal puede garantizar la atención médica necesaria para sus patologías antes de ejecutar el movimiento.

Mientras tanto, el abogado defensor, Martín Sarubbi, anunció que apelará esta resolución ante la Corte Suprema de la Nación, insistiendo en que el estado de salud de su cliente hace indispensable la modalidad domiciliaria. Por su parte, el entorno de Rudnev continúa negando los cargos de trata, alegando falta de pruebas y desestimando los testimonios de las víctimas.

Rudnev enfrenta una serie de cargos graves relacionados con su presunto rol como líder de una organización criminal transnacional. Entre los delitos específicos, se le imputa la trata de personas agravada: se lo acusa de liderar una estructura dedicada a la captación, traslado y acogimiento de una mujer y su hijo con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre, utilizando engaño, coerción y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

También se lo acusa de falsedad ideológica, delitos migratorios y delitos vinculados al estado civil e identidad de un menor. Específicamente, se le atribuye haber intentado poner su apellido al hijo recién nacido de la víctima, lo que constituye una alteración de la identidad del niño. Y aunque la defensa sostiene que los peritajes de Gendarmería no habrían hallado drogas, se mantiene vigente la imputación por el delito de transporte de estupefacientes agravado.

La fiscalía sostiene la hipótesis de que Rudnev actuaba como el jefe de una organización que operaba bajo la fachada de un espacio espiritual y de prácticas de yoga para encubrir sus actividades ilícitas.